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Según datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) la persistencia de la actual crisis puede llegar a tener una influencia decisiva en el futuro de las comarcas del Pirineo catalán. Ya no se trata solamente de una influencia que afecte sólo al plano económico, sino que sus efectos van más allá de lo detectable a simple vista y a la evidencia de un impacto sobre la actividad económica. Se vislumbran ciertos cambios sociales que pueden alterar el equilibrio demográfico. El hecho parece ser tan grave como para generar un nuevo movimiento migratorio de los jóvenes en edad de trabajar hacia las ciudades y, por tanto, un proceso de despoblamiento del Pirineo.

Este proceso no se parece, de momento, al de otras oleadas migratorias producidas en la segunda mitad del siglo XX con fugas masivas de capital humano en edad laboral. El escenario de previsión más pesimista que plantea el Idescat coincide con la de muchos analistas económicos y, por tanto, no es nada despreciable. El instituto pronostica que si la crisis continúa con la actual tendencia, la población activa de las seis comarcas del Alt Pirineu pasaría de los 38.836 habitantes actuales a tener 37.765 en el año 2020. En números absolutos parece que hablamos de una pérdida de escaso número, poco más de mil personas. Pero en porcentaje nos acercamos al 3% en una zona muy rural y de población muy dispersa. Como parece evidente, no sería temerario afirmar que esta posible migración afectaría a los núcleos más pequeños con escasos recursos y ubicaciones complejas que conllevan escasa viabilidad tanto para la creación de empleo como para generar autoempleo.

Por el contrario, según las mismas previsiones, si la situación económica se mantuviera estable, la población trabajadora en el Pirineo podría llegar a alcanzar la cifra de 42.648 personas en el año 2020, es decir 3.812 personas más que el año 2010 con un incremento porcentual del 13%. Y en caso de plantearse una muy hipotética recuperación económica, la población en edad de trabajar podría situarse en menos de una década en las 47.669 personas, esto es 8.833 personas más, situándose en un crecimiento del 26%.

Escrito por el equipo de ST Sociedad de Tasación
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No es extraño ver de vez en cuando una estación de servicio en pleno corazón de la ciudad. Son elementos operativos y funcionales que a lo largo del paseo nos sorprenden con su imagen. Su aspecto es el de ballenas varadas en la ciudad, una imagen contrapuesta a la libertad con que jalonan carreteras, autovías y autopistas.

No siempre fue así. En los años veinte del siglo pasado, lo habitual era que la dispensación de combustible se llevara a cabo precisamente en las ciudades, donde se concentraba el parque de vehículos. Eran simples surtidores situados en las aceras sin otro alcance ni entidad.

Uno de los primeros intentos de dotar de valor al lugar donde se repostaba combustible, construyendo un contenedor para ese uso, tuvo como escenario la ciudad de Madrid. Fue entonces cuando nació el concepto de estación de servicio en España.

Edificada en 1927, su autor fue el arquitecto Casto Fernández Shaw, y el surtidor se situaba en el número 18 de la calle Alberto Aguilera. Era conocida por el nombre de la empresa que la promovió, Petróleos Porto Pí, propiedad del magnate mallorquín Juan March.

Se levantó en apenas cincuenta días y fue revolucionaria en su planteamiento. Funcionalista, con ausencia de estilo y con el hormigón armado como material de referencia es el resultado del diálogo de todos los elementos que la constituyen: surtidores, aparatos de suministro de aire, agua, aceites, la marquesina que parece dos alas de avión y la torre que soporta las señales, el nombre y la función del hito. Fue el contrapunto a la España historicista y recargada. Líneas depuradas para la sociedad del futuro.

Escrito por el equipo de ST Sociedad de Tasación
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En 2004, la Región de Murcia contaba con 6 campos golf y representaba menos del 2% del total del conjunto de la oferta nacional.

El Gobierno regional se propuso construir hasta 34 campos más, cifra que fue fuertemente criticada por los detractores del trasvase del Ebro y que provocó que el propio Ministerio de Medio Ambiente incluyera una cláusula específica en la derogada Ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional para prohibir el uso del agua del Ebro en el riego de estos espacios. Finalmente, sólo se confirmó una tercera parte lo que supuso la creación de 10 nuevos campos de golf con sus respectivos complejos hoteleros y urbanizaciones de lujo. Hasta entonces sólo La Manga Club (Cartagena) disponía de una oferta hotelera adecuada.

El problema de las instalaciones de golf de uso turístico es que conllevan un alto coste de mantenimiento así como una elevada inversión inicial, que teóricamente se ven compensados por los altos rendimientos económicos que generan, siempre y cuando funcionen, claro está.

El turismo del golf requiere de viajes, alojamientos en hoteles, apartamentos, restaurantes y diversas alternativas de ocio e incluso otros deportes… en definitiva, implica unas necesidades que hace que la economía se mueva.

Este deporte supone una actividad complementaria a los modelos tradicionales de turismo de la Región de Murcia que se basaron en segundas residencias y en la casi nula oferta hotelera de calidad. La estacionalidad del turismo del golf es inversa a la de sol y playa. Por ello, hubiese sido un complemento interesante si se hubiese regulado adecuadamente.

El principal riesgo residía en no sobredimensionar la oferta de campos, ni utilizar este tipo de turismo para sobredimensionar también la oferta inmobiliaria.

Hoy por hoy nos encontramos con un descenso en la demanda de Golf Resorts en Murcia y la comunidad cuenta con 21 en un radio de 50 kilómetros. Una década después, algunos de estos Resorts se han convertido en urbanizaciones fantasma y sobreviven gracias al alquiler y realquiler de los que practican este deporte. Jugadores principalmente alemanes y escandinavos hacen rentables unas instalaciones lastradas por la crisis inmobiliaria.

Escrito por el equipo de ST Sociedad de Tasación
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Durante la segunda semana del mes de Julio se celebró en el sur de Gran Canaria el II Salón de la Renovación. Estas jornadas están dirigidas fundamentalmente a los agentes intervinientes en renovación de la planta hotelera y extrahotelera de los principales municipios turísticos de la isla.

La inauguración de las jornadas corrió a cargo de D. Paulino Rivero, Presidente del Gobierno Autonómico; D. José Miguel Bravo de Laguna, Presidente del Cabildo de Gran Canaria, y D. Marco Aurelio Pérez, Alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

Con este telón de fondo, las primeras ponencias recayeron en varias empresas hoteleras, que expusieron los resultados que para sus organizaciones ha supuesto la casi siempre arriesgada tarea de renovar sus instalaciones. Para ello, se sirvieron de datos cualitativos y cuantitativos muy interesantes.

Entre las ponencias, también hubo cabida para una detallada explicación del Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo, a cargo del Director Técnico del Servicio de Planeamiento del Cabildo de Gran Canaria.

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¿A la tercera será la vencida? La Comunidad Valenciana tendrá próximamente una nueva ley urbanística.

Tras la novedosa, y controvertida LRUV, llegó la más ecléctica LUV, y ahora se nos anuncia para el 2013 la LOTUP (Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje). El pistoletazo de salida se produjo el pasado 13 de julio, con la aprobación del anteproyecto de ley por el pleno del gobierno autonómico.

En su declaración de intenciones destacan tres objetivos: simplificar el engorroso marco normativo vigente, una maraña de 1.183 artículos repartidos entre cinco leyes y dos reglamentos; dar un criterio global al territorio, con un tratamiento conjunto, racional y sostenible; y clarificar el marco competencial, evitando solapamiento de funciones y, de ello, reducir los plazos de tramitación (se pretende un estandar de un año para renovar una normativa urbanística municipal). Si los objetivos se cumplen, bienvenida sea la LOTUP.

Para el cumplimiento de tales objetivos se pretende establecer una ordenación de planes urbanísticos a dos niveles. Un nivel supramunicipal, también caben niveles sectoriales, cuya competencia se reservaría el gobierno autonómico, y los planes municipales, cuya responsabilidad se cedería a los propios municipios.

Cualquier municipio que desee actualizar su ordenación urbanística deberá definir un Plan General Estructural (PGE). Un programa marco simplificado donde defina sus intenciones, su horizonte poblacional a veinte años como referente de necesidades, los índices y umbrales de sostenibilidad ambiental, los recursos hídricos y energéticos necesarios, y la justificación de su perfecta integración a los planes de ámbito supramunicipal. Posteriormente lo desarrollará mediante un Plan de Ordenación Pormenorizada (POP), un programa por etapas. PGE y POP enterrarán a los actuales Planes de Ordenación Urbana (PGOU).

El procedimiento de gestión será “dialogado” en su inicio. Todo se iniciará con una formulación de consulta, desde el municipio interesado al órgano competente en materia medioambiental y territorial, al gobierno autonómico. Este deberá contestar en el plazo de tres meses con un DOCUMENTO DE REFERENCIA que permita conocer al municipio las limitaciones y afecciones que deberá cumplir en su PGE.

El “diálogo” continuaría con la remisión al gobierno autonómico de un plan preliminar que ya requeriría la previa exposición pública y de un informe de sostenibilidad ambiental.

Este diálogo entre administraciones finalizaría con la aceptación del gobierno autonómico del plan formulado y de las medidas para su seguimiento de desarrollo. Desde aquí, toda la competencia será exclusivamente municipal, desarrollándose mediante el POP.

Escrito por el equipo de ST Sociedad de Tasación
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