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A toda costa

La Ley de Costas se aprobó el 28 de Julio de 1988 con el propósito de acabar con la progresiva privatización del litoral español. Surgió con una concepción marcadamente transitoria con la que se reguló el dominio público marítimo-terrestre. Los efectos finales de muchas de sus disposiciones se han diferido extraordinariamente en el tiempo, consolidando situaciones que requieren someter dicha norma a una profunda revisión.

Después de 25 años de vigencia, el Gobierno ha puesto en marcha una amplia reforma de la Ley de Costas. La nueva ley –aun en estado de borrador- se sustenta en un profundo análisis crítico de la ley anterior, ya que en ciertas ocasiones ha tolerado resultados no deseables desde el punto de vista medioambiental. Por tanto el borrador la nueva ley se redacta con el interés de ser un medio eficaz para proteger la integridad del dominio marítimo terrestre y preservar su uso común.

La nueva ley se estructura en dos partes diferenciadas, la primera es la modificación de la ley anterior, y la segunda, aborda la prórroga selectiva de las concesiones administrativas otorgadas al ampara de la legislación anterior.

Esta reforma tiene tres objetivos principales:

  • La protección del litoral y la actividad económica sostenible, que acabará con los abusos que se habían generado hasta ahora.
  • Seguridad jurídica entre propietarios de viviendas en la costa e inquilinos.
  • Confianza y claridad, especialmente en lo que se refiere a las líneas de deslinde que hasta ahora generaban gran incertidumbre.

Las principales novedades que pretende la reforma son un marco normativo más claro y transparente, tolerancia cero frente a agresiones en la costa y más protección del Medio Ambiente.

Para ello se definirá mejor el alcance del dominio público marítimo terrestre y los criterios de deslinde. Se reforzará la información a los ciudadanos sobre sus propiedades y se ampliarán los beneficios a las actuales edificaciones que cumplen la ley: los plazos de las concesiones se extenderán hasta los 75 años.

También se creará la “cláusula antialgarróbico”, que evitará que los ayuntamientos puedan dar luz verde a construcciones similares, y se evitará que las obras necesarias en los edificios existentes, supongan aumento de volumen, superficie o altura.

La reforma de la Ley también refuerza la protección de las playas, especialmente de las naturales, exigirá medidas de ahorro de agua y eficiencia energética de las edificaciones en la costa y dará más plazo a los chiringuitos. Para poder “respetar” los asentamientos de poblados o núcleos marineros que tras la ley de 1988 quedaron dentro de la franja de los 100 metros, se prevé reducir el ancho de esta servidumbre a 20, pasando esos suelos a regirse por la disciplina urbanística ordinaria.

El Proyecto de Ley de la protección y uso sostenible del litoral y modificación de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, tal como se denomina la reforma de la anterior legislación, se encuentra en fase de publicación de las enmiendas. La tramitación de la reforma de la ley se encuentra en las últimas fases por lo que, se espera su próxima aprobación, una vez se incorporen las modificaciones oportunas.


Escrito por el equipo de ST Sociedad de Tasación

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