El Bosque como Activo Inmobiliario

Dentro del mundo de las fincas rústicas, los bosques ocupan, casi siempre, uno de los niveles de valor más bajos. No importa demasiado la cantidad de hectáreas; valorar una finca rústica como bosque es sinónimo de valorarla a mínimos. Y esto es así, porque se da por hecho que su capacidad para generar rentas es muy reducida y, siempre, problemática.

Para la gran mayoría de nosotros, el bosque es un territorio de fantasías y de evocaciones; un espacio sin límites definidos, inabarcable en su conjunto, e inextricable en sus detalles. Un ámbito para ser usado más o menos públicamente, de forma eventual, y sin compromiso..

Pensar, por ejemplo, en su superficie, acotarlo, se nos hace un tanto extraño; así como aplicarle criterios de racionalidad económica. Y, además, en él se difumina el concepto de pleno dominio. Por todo ello, parece que el concepto de valor de mercado le es más bien impropio.

Ocupando un 60% de la superficie de Cataluña, los bosques sólo representan el 1,3% del volumen económico de su agricultura y de su ganadería, siendo el aprovechamiento forestal sólo del 20%, por la poca rentabilidad que ofrece la gestión tradicional. Y aún así, el bosque catalán crece a razón de 3 millones de m3 al año.

Uno de los problemas concretos que se detectan, es que, a pesar de disponer de un notable parque de especies de coníferas productoras de madera de calidad, nuestro mercado local no es capaz de absorber su producción, y el 80% de ella debe destinarse a embalaje, que no genera suficiente valor para que la silvicultura sea rentable. Cuando el mercado inmobiliario provocaba una alta actividad constructiva, parte de la producción se dirigía al sector de las estructuras de madera laminada; pero esta actividad, prácticamente se ha paralizado. A este factor se suma la drástica reducción de las ayudas públicas directas, en estos últimos años, motivada por las insuficiencias presupuestarias de la administración.

En este contexto, nos llega la noticia de que el Gobierno de Cataluña, siguiendo directrices europeas, pretende poner en marcha el Plan General de Política Forestal (2013-2022). Se propone adoptar medidas fiscales, en forma de desgravación, para incentivar la inversión de los propietarios, incentivar la apertura de nuevos mercados para aprovechar mejor la parte de subproducto que se genera (como biofueles, nuevos productos para la química y la biofarmacia, la viscosa de la pulpa de papel para confeccionar ropa, etc).

Pero también se pretende racionalizar las condiciones de su uso público, corresponsabilizando a sus usuarios directos del coste de su mantenimiento, introduciendo algunas tasas a abonar para el desarrollo de determinadas actividades que realizan en él, como el senderismo o la recolección de setas.

En definitiva, se trata de aplicar al bosque la idea de racionalidad económica que siempre se ha aplicado a las fincas agrícolas de regadío o de secano, porque de ello depende la viabilidad económica y la seguridad (en forma de prevención de incendios), de las zonas habitadas que le son próximas.

Estos cambios irán teniendo también su reflejo, con el tiempo, en el campo de la valoración.