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SOCIEDAD DE TASACION
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El informe del Parlamento Europeo del 20 de febrero de 2009, conocido como informe Auken, es el resultado del conjunto de reclamaciones de los ciudadanos y residentes europeos sobre diversos aspectos de la actividad urbanística en zonas costeras de España.

A partir del citado informe, la Unión Europea insta a las autoridades españolas a revisar urgentemente la legislación, a fin de proteger los derechos legítimos de los propietarios de viviendas y pequeñas parcelas en zonas de costa.

Esta resolución se sustenta en el Tratado de la Unión Europea, por el que la Unión se compromete a respetar los derechos fundamentales, tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH), entre los cuales se encuentran la vida privada y familiar, el dominio privado de los ciudadanos y el derecho a la propiedad privada.

La Carta de los Derechos Fundamentales dispone que toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos legalmente, a utilizarlos, a disponer de ellos y a legarlos, y nadie puede ser privado de la propiedad de sus bienes más que por causa de utilidad pública o en los casos y condiciones previstos por la ley, a cambio de la justa indemnización.

Las autoridades españolas dictaron en 2008 normas de interpretación de la Ley 22/1988 de Costas, Una ley que afecta de manera desproporcionada a los propietarios de bienes que debieran ser respetados y, por el contrario, no tiene un impacto suficiente en los auténticos autores de la destrucción costera, responsables en muchos casos de unos desarrollos urbanísticos excesivos.

A partir del informe Auken el Parlamento Europeo pide al Gobierno de España y a las comunidades autónomas implicadas, entre otros requerimientos, que:

  • Realicen una profunda revisión de toda la legislación que afecte a los derechos de los propietarios particulares de bienes como resultado de una urbanización masiva, con objeto de poner fin a los abusos de los derechos y las obligaciones consagrados en el Tratado CE, en la Carta de los Derechos Fundamentales, en el CEDH y en las directivas europeas pertinentes, así como en otros convenios de los que la UE forma parte.
  • Se deroguen todas las figuras legales que favorezcan la especulación, tales como el agente urbanizador.
  • Las autoridades regionales competentes deben declarar, suspender y revisar todos los planes urbanísticos nuevos que no respeten los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garanticen el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente; y que detengan y anulen todos los desarrollos urbanísticos en curso que no hayan respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario.


Escrito por el equipo de ST Sociedad de Tasación
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