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municipios catalanes

  En un artículo publicado el pasado día 7 de mayo, en el diario El Periódico, Ramón Folch, ecólogo y Doctor en biología, comentaba la existencia de la Associació de Micropobles de Catalunya (AMC), una asociación cuyo objeto es agrupar los municipios catalanes de menos de 500 habitantes. Recientemente celebraron una jornada de trabajo con el fin de poder concertar actuaciones para hacer frente a la especial problemática que afecta a estos municipios.

En efecto, si acudimos a las cifras, observamos que, de los 948 municipios existentes en Catalunya, 332 tienen una población censada inferior a las 500 personas. La suma de su población es de 82.000 habitantes, lo que equivale al 1,1% del censo total de Catalunya (7.500.000 habitantes). Por el contrario, la superficie de territorio que ocupan asciende a 11.200 Km2, un 35% de la superficie total catalana (32.108 km2).

Un buen ejemplo es el municipio de Alt Àneo, en el Pirineo de Lleida, el cual, aún siendo el resultado de una agrupación de pequeños municipios (Isil, Son, Sorpe y València d'Àneo) tiene una población de 407 habitantes para una superficie total de 218 Km2, algo menos de dos habitantes por Km2.

  En rojo, perímetro del municipio. Ver relación de su superficie con la de la cercana Andorra.

Esta situación contrasta con la de grandes centros urbanos de la región como Barcelona, cuya área metropolitana aloja a un 35% de la población catalana sobre una superficie inferior al 0,8% del territorio.

Una de las consecuencias de este desequilibrio es la diferente capacidad recaudatoria (en cuanto a impuestos y tasas locales), y como consecuencia, las diferencias en el tipo de servicios que estas poblaciones pueden ofrecer a su ciudadanía.

Este desequilibrio se manifiesta en que solo el 6% del territorio catalán es urbanizable, y solamente el 2% está edificado. Por lo tanto, la gestión territorial del 98% no edificado recae sobre un porcentaje bajo de la población, tal y como indica Ramón Folch. 

Se entiende también así que, mientras que las grandes urbes disponen de una maquinaria de planificación y gestión urbanística extensamente dotada, los pequeños municipios no han dispuesto, hasta hace bien poco, de medios suficientes para poder tramitar figuras de planeamiento. Consecuentemente, buena parte de su reducido parque residencial se sitúa sobre suelo no urbanizable.

Desde el punto de vista valorativo, este hecho ocasiona situaciones confusas en relación a la legalidad urbanística y a los derechos patrimoniales de los inmuebles. Además, conlleva  una dificultad adicional a la hora de encontrar y seleccionar muestras realmente comparables, con la excepción de los enclaves caracterizados como segunda residencia, en los que, como consecuencia de la crisis económica, la oferta en el mercado es notoria.

 


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